Antes de empezar, tendremos que preguntarnos por qué tenemos que reformar, qué vamos a reformar exactamente y cómo vamos a hacerlo, esas son las tres cuestiones fundamentales en el tema que nos atañe.
Una de las principales conclusiones que podemos sacar, o incluso quizás una de las premisas de las que tengamos que partir, es que Estado y mercado son interdependientes, es decir, no podrá haber Estado sin mercado, ni mercado sin Estado. La complementación de mercado y Estado, de capital y de organización, de empresarios y administradores públicos y privados, se convertía en esencial para el buen funcionamiento de los sistemas económicos y la consolidación de los regímenes democráticos.
Creo que como politólogos, estamos viviendo un momento apasionante, puesto que si nosotros no podemos experimentar de forma empírica, tenemos ante nosotros una situación que con el tiempo dará auténticas conclusiones científicas; entre otros puntos de estudio, si la crisis de los años 30 se originó en el mal funcionamiento del mercado, y si la crisis de los años 80 se debió al colapso del Estado social del siglo XX, ahora dónde tenemos el punto de origen y quién es el principal responsable de la actual crisis, ¿estado o mercado?
Aventurarse ahora a conclusiones sería excesivamente precipitado, y si lo más profundo de la crisis está por llegar, las medidas eficaces que aún buscamos para salir de ella necesitarán de profunda innovación para adaptar nuestros estados al siglo XXI, nuestra más urgente necesidad, más aún en España, cuando muchos se quejan de “lo salvaje del capitalismo”, ni siquiera hemos sido capaces de solucionar uno de los problemas más endémicos en nuestro Estado, la administración de la justicia, y si en algo en que lleva ocupándose nuestro estado por siglos es no solo ineficiente sino también ineficaz, cómo va a ser capaz el Estado de asumir tantas nuevas competencias; desde luego es una tarea muy difícil, en la que nuestro Estado necesitará de reformas profundas, cuando por desgracia se pierde el tiempo en debates políticos estériles que solamente sirven para distraer la atención.
En la actualidad, los líderes gubernamentales tendrán que tener especial cuidado con la espiral de crisis estatal, que puede llegar a una crisis del sistema (una crisis de gobernabilidad tras el proceso de crisis de gobernancia), si no se trabaja desde sus inicios, cuando el Estado entra en crisis fiscal, pierde en grados variados el crédito público, al mismo tiempo que se ve forzado a disminuir su capacidad de generar ahorro, y el ahorro público se va convirtiendo en negativo, disminuyendo en consecuencia, la capacidad de intervención del Estado de forma drástica, llegando a la crisis de gobernancia, que en el límite se expresaba en episodios hiperinflacionarios, se iba haciendo total: el Estado, de agente de desarrollo, se transformaba en su obstáculo.
Y la crisis de gobernabilidad podría llegar más aún ahora, cuando como ocurría en los 80, los diagnósticos del por qué, de la causa de la crisis, se ven teñidos e incluso distorsionados por las diferentes posiciones ideológicas. De hecho, podemos contemplar dos dinámicas políticas bien diferenciadas y claramente divergentes, la estatización de América Latina (todavía tímida) y la privatización, publicitación y terciarización del mundo occidental. Por eso pongo en duda que este superado el debate ideológico entre entre estatización y privatización.
En cuanto a la delimitación del área de actuación para la reforma del Estado, podría sernos de gran utilidad establecer un sistema de prioridades, los campos que deberán ser prioritarios en la actuación pública. Para ello podría sernos ilustrativo la fecha de creación de los diferentes ministerios en España, serían de absoluta prioridad los ministerios de más antigua creación como Justicia, Guerra y Hacienda (creados como Secretarías de Despacho en 1714), y los menos prioritarios serían los últimos (entrando eso sí en un campo políticamente incorrecto) que incluso podríamos encuadrar en los valores postmaterialistas como Medio Ambiente, y otros como Igualdad.
También tendremos que contemplar nuevos fenómenos políticos, puesto que cuando el autor nos cuenta la reforma del Estado en los años noventa, y pone especial énfasis en las actividades económicas del Estado que le son exclusivas, como garantizar la estabilidad de la moneda, y la estabilidad del sistema financiero, algo para lo cual el banco central deberá ser independiente del gobierno de turno, (como bien nos cuenta Lijphart), aún le quedaban lejos algo que es una realidad bien presente hoy, las uniones monetarias, como la Unión Europea (con serios problemas en esta crisis por la heterogeneidad del sistema económico de la Unión, y sus diferencias de competitividad entre otras), y también la unión monetaria de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que en su reciente cumbre anual han aprobado la creación de una moneda única desligada del dólar, para 2010, debido a la elevada inflación que está causando la caída del billete verde. La OPEP trabaja en una medida similar.
Además, delimitando las áreas de actuación, deberemos de tener en cuenta el gobierno y la gestión multinivel, necesitada de reformas en España cuando ha fracasado y sigue pendiente la segunda descentralización, y hay fuertes problemas de financiación en los niveles regional y local, siendo quizás un problema de gobernancia.
En cuanto a la publicitación, soy escéptico en la efectividad de los mecanismos de control social, y me pregunto quién debería de controlar efectivamente a las ONGs que según Castells son cuasi públicas.
Luego llegaremos a la desregulación, como propuesta para aquellos Estados en los que la regulación tendió a ser excesiva. Y tendremos especial cuidado cuando las regulaciones son utilizadas por los políticos para beneficiarse en el rent-seeking, por eso en los gobiernos representativos actuales es necesario estudiar la posibilidad de introducir la revocación de mandato como mecanismo institucional, el cual podría ser el mecanismo de control más efectivo, dentro del abanico de estos mecanismos, descartando la democracia directa (salvo algunos instrumentos residuales como el referéndum), usando este tipo de mecanismos atendiendo a los principios de la mayor democracia, el principio de la mayor difusión del poder (ya he hablado antes de la necesidad del gobierno compartido o gobierno multinivel y del problema actual que nos supone en nuestro país), el principio económico de la eficiencia (fundamental ya en gestión pública), el principio de la mayor automaticidad de los controles y el principio el aumento del espacio público no estatal.
Con todo esto, llegaremos a la reforma administrativa de la gobernacia, y finalmente a la reforma política de la gobernabilidad. La gobernancia se presenta como el paso previo (o el requisito fundamental) de la gobernabilidad. Ahora, ante el descenso del consumo y la más que significativa reducción del ingreso estatal por impuestos, tenemos peligro de una crisis de gobernancia, y las políticas de ajuste fiscal deberán de volver a ponerse en primer plano como ya se hizo a finales de los 80 ante la crisis. Y en este sentido, cobra aún más relevancia si cabe, la administración pública gerencial. Por tanto, la gobernancia será alcanzada y la reforma del Estado tendrá éxito cuando el Estado se vuelva más fuerte aunque más reducido; más fuerte financieramente, superando la crisis económica; más fuerte estructuralmente, con una clara delimitación de su área de actuación y una precisa distinción entre el núcleo estratégico donde se toman las decisiones y sus unidades descentralizadas; más fuerte estratégicamente, dotado de élites políticas capaces de tomar decisiones políticas y económicas necesarias (algo en lo que creo que tenemos un problema en España, puesto que si comparamos con Francia, el escenario político está especializada con los expertos en la materia, los enarcas, y en España hay una clara falta de especialistas o de “técnicos” en el tema en nuestros diferentes gobiernos); y un Estado administrativamente fuerte, contando con una alta burocracia técnicamente capaz y motivada (en lo que también tenemos un problema puesto que nuestros altos funcionarios entran directamente en los últimos niveles de la administración y luego sufren de desmotivación, por lo que tendríamos que potenciar el ascenso y la carrera interna).
Por último, si la gobernabilidad deriva de la relación de legitimidad del Estado y de su gobierno con la sociedad, deberemos de buscar los cauces para implicar más a los ciudadanos con sus gobiernos, en España estamos avanzando y deberíamos de avanzar más en los consejos de participación ciudadana que se crean en el marco de nuestros gobiernos locales, como los Consejos Territoriales para la participación vecinal en cada Distrito del Ayuntamiento de Madrid, para que la ciudadanía no sienta desapego de la política. Deberemos de trabajar también en la mala imagen de la clase política, puesto que es algo que hace mucho daño a la gobernabilidad y a todo el sistema representativo actual. Además del problema de los políticos egoístas que buscan el rent-seeking que ya había planteado antes y que es de necesaria solución, porque un objetivo fundamental en cualquier régimen democrático es aumentar la responsabilización de los gobernantes (en lo que está implícito el rechazo al mandato imperativo), en ella, el cuarto poder jugará un papel fundamental, siendo un peligro actual la manipulación de las masas, cuando los medios de comunicación llegan a concentrarse bajo el férreo poder de unos pocos, convirtiéndose su influencia en determinante, y es que no deberán de ejercer una influencia y presión insoportable en el hombre público, puesto que éste tendrá que ser capaz de distinguir los intereses de corto plazo de sus electores de aquellos de mediano y largo plazo y ser fiel a estos, puesto que será fundamental para el progreso de la nación. Y al final, reformar el Estado para darle mayor gobernabilidad es hacerlo más democrático, es dotarlo de instituciones políticas que permitan una mejor intermediación de los intereses, siempre en conflicto de los diversos grupos sociales, de las diversas etnias cuando no nacionalidades de las diversas regiones del país, algo que en España tendremos que tener muy claro, para cohesionar social y estructuralmente nuestro país y hacerlo más fuerte ante los desafíos presentes y futuros, luchando contra la dinámica centrípeta del problemático Estado de las Autonomías, dejando a nuestro Gobierno Central con una capacidad demasiado mermada para conseguir la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.
Y gracias a todo esto, hoy el desarrollo económico y político alcanzado, hace que los regímenes democráticos sean mucho más estables que los regímenes autoritarios, puesto que la legitimidad por rendimientos se ha convertido en una de las piedras angulares de los sistemas actuales.
Quiero finalizar concluyendo respondiendo sucintamente a mis preguntas previas. Tenemos que reformar porque el Estado se ha colapsado ante el exceso de demandas del Estado del bienestar, reformaremos la estructura estatal (delimitando las funciones del Estado, reduciendo el grado de interferencia del Estado, aumentaremos la gobernancia del Estado y buscaremos el aumento de la gobernabilidad), y lo haremos (la forma en la que lo hagamos será fundamental para el aumento de la gobernabilidad) con políticas de participación ciudadana que incluirán desde los consejos de participación en los ayuntamientos a las amplias redes sociales con las que tendremos que contar entre otras medidas.
Una de las principales conclusiones que podemos sacar, o incluso quizás una de las premisas de las que tengamos que partir, es que Estado y mercado son interdependientes, es decir, no podrá haber Estado sin mercado, ni mercado sin Estado. La complementación de mercado y Estado, de capital y de organización, de empresarios y administradores públicos y privados, se convertía en esencial para el buen funcionamiento de los sistemas económicos y la consolidación de los regímenes democráticos.
Creo que como politólogos, estamos viviendo un momento apasionante, puesto que si nosotros no podemos experimentar de forma empírica, tenemos ante nosotros una situación que con el tiempo dará auténticas conclusiones científicas; entre otros puntos de estudio, si la crisis de los años 30 se originó en el mal funcionamiento del mercado, y si la crisis de los años 80 se debió al colapso del Estado social del siglo XX, ahora dónde tenemos el punto de origen y quién es el principal responsable de la actual crisis, ¿estado o mercado?
Aventurarse ahora a conclusiones sería excesivamente precipitado, y si lo más profundo de la crisis está por llegar, las medidas eficaces que aún buscamos para salir de ella necesitarán de profunda innovación para adaptar nuestros estados al siglo XXI, nuestra más urgente necesidad, más aún en España, cuando muchos se quejan de “lo salvaje del capitalismo”, ni siquiera hemos sido capaces de solucionar uno de los problemas más endémicos en nuestro Estado, la administración de la justicia, y si en algo en que lleva ocupándose nuestro estado por siglos es no solo ineficiente sino también ineficaz, cómo va a ser capaz el Estado de asumir tantas nuevas competencias; desde luego es una tarea muy difícil, en la que nuestro Estado necesitará de reformas profundas, cuando por desgracia se pierde el tiempo en debates políticos estériles que solamente sirven para distraer la atención.
En la actualidad, los líderes gubernamentales tendrán que tener especial cuidado con la espiral de crisis estatal, que puede llegar a una crisis del sistema (una crisis de gobernabilidad tras el proceso de crisis de gobernancia), si no se trabaja desde sus inicios, cuando el Estado entra en crisis fiscal, pierde en grados variados el crédito público, al mismo tiempo que se ve forzado a disminuir su capacidad de generar ahorro, y el ahorro público se va convirtiendo en negativo, disminuyendo en consecuencia, la capacidad de intervención del Estado de forma drástica, llegando a la crisis de gobernancia, que en el límite se expresaba en episodios hiperinflacionarios, se iba haciendo total: el Estado, de agente de desarrollo, se transformaba en su obstáculo.
Y la crisis de gobernabilidad podría llegar más aún ahora, cuando como ocurría en los 80, los diagnósticos del por qué, de la causa de la crisis, se ven teñidos e incluso distorsionados por las diferentes posiciones ideológicas. De hecho, podemos contemplar dos dinámicas políticas bien diferenciadas y claramente divergentes, la estatización de América Latina (todavía tímida) y la privatización, publicitación y terciarización del mundo occidental. Por eso pongo en duda que este superado el debate ideológico entre entre estatización y privatización.
En cuanto a la delimitación del área de actuación para la reforma del Estado, podría sernos de gran utilidad establecer un sistema de prioridades, los campos que deberán ser prioritarios en la actuación pública. Para ello podría sernos ilustrativo la fecha de creación de los diferentes ministerios en España, serían de absoluta prioridad los ministerios de más antigua creación como Justicia, Guerra y Hacienda (creados como Secretarías de Despacho en 1714), y los menos prioritarios serían los últimos (entrando eso sí en un campo políticamente incorrecto) que incluso podríamos encuadrar en los valores postmaterialistas como Medio Ambiente, y otros como Igualdad.
También tendremos que contemplar nuevos fenómenos políticos, puesto que cuando el autor nos cuenta la reforma del Estado en los años noventa, y pone especial énfasis en las actividades económicas del Estado que le son exclusivas, como garantizar la estabilidad de la moneda, y la estabilidad del sistema financiero, algo para lo cual el banco central deberá ser independiente del gobierno de turno, (como bien nos cuenta Lijphart), aún le quedaban lejos algo que es una realidad bien presente hoy, las uniones monetarias, como la Unión Europea (con serios problemas en esta crisis por la heterogeneidad del sistema económico de la Unión, y sus diferencias de competitividad entre otras), y también la unión monetaria de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que en su reciente cumbre anual han aprobado la creación de una moneda única desligada del dólar, para 2010, debido a la elevada inflación que está causando la caída del billete verde. La OPEP trabaja en una medida similar.
Además, delimitando las áreas de actuación, deberemos de tener en cuenta el gobierno y la gestión multinivel, necesitada de reformas en España cuando ha fracasado y sigue pendiente la segunda descentralización, y hay fuertes problemas de financiación en los niveles regional y local, siendo quizás un problema de gobernancia.
En cuanto a la publicitación, soy escéptico en la efectividad de los mecanismos de control social, y me pregunto quién debería de controlar efectivamente a las ONGs que según Castells son cuasi públicas.
Luego llegaremos a la desregulación, como propuesta para aquellos Estados en los que la regulación tendió a ser excesiva. Y tendremos especial cuidado cuando las regulaciones son utilizadas por los políticos para beneficiarse en el rent-seeking, por eso en los gobiernos representativos actuales es necesario estudiar la posibilidad de introducir la revocación de mandato como mecanismo institucional, el cual podría ser el mecanismo de control más efectivo, dentro del abanico de estos mecanismos, descartando la democracia directa (salvo algunos instrumentos residuales como el referéndum), usando este tipo de mecanismos atendiendo a los principios de la mayor democracia, el principio de la mayor difusión del poder (ya he hablado antes de la necesidad del gobierno compartido o gobierno multinivel y del problema actual que nos supone en nuestro país), el principio económico de la eficiencia (fundamental ya en gestión pública), el principio de la mayor automaticidad de los controles y el principio el aumento del espacio público no estatal.
Con todo esto, llegaremos a la reforma administrativa de la gobernacia, y finalmente a la reforma política de la gobernabilidad. La gobernancia se presenta como el paso previo (o el requisito fundamental) de la gobernabilidad. Ahora, ante el descenso del consumo y la más que significativa reducción del ingreso estatal por impuestos, tenemos peligro de una crisis de gobernancia, y las políticas de ajuste fiscal deberán de volver a ponerse en primer plano como ya se hizo a finales de los 80 ante la crisis. Y en este sentido, cobra aún más relevancia si cabe, la administración pública gerencial. Por tanto, la gobernancia será alcanzada y la reforma del Estado tendrá éxito cuando el Estado se vuelva más fuerte aunque más reducido; más fuerte financieramente, superando la crisis económica; más fuerte estructuralmente, con una clara delimitación de su área de actuación y una precisa distinción entre el núcleo estratégico donde se toman las decisiones y sus unidades descentralizadas; más fuerte estratégicamente, dotado de élites políticas capaces de tomar decisiones políticas y económicas necesarias (algo en lo que creo que tenemos un problema en España, puesto que si comparamos con Francia, el escenario político está especializada con los expertos en la materia, los enarcas, y en España hay una clara falta de especialistas o de “técnicos” en el tema en nuestros diferentes gobiernos); y un Estado administrativamente fuerte, contando con una alta burocracia técnicamente capaz y motivada (en lo que también tenemos un problema puesto que nuestros altos funcionarios entran directamente en los últimos niveles de la administración y luego sufren de desmotivación, por lo que tendríamos que potenciar el ascenso y la carrera interna).
Por último, si la gobernabilidad deriva de la relación de legitimidad del Estado y de su gobierno con la sociedad, deberemos de buscar los cauces para implicar más a los ciudadanos con sus gobiernos, en España estamos avanzando y deberíamos de avanzar más en los consejos de participación ciudadana que se crean en el marco de nuestros gobiernos locales, como los Consejos Territoriales para la participación vecinal en cada Distrito del Ayuntamiento de Madrid, para que la ciudadanía no sienta desapego de la política. Deberemos de trabajar también en la mala imagen de la clase política, puesto que es algo que hace mucho daño a la gobernabilidad y a todo el sistema representativo actual. Además del problema de los políticos egoístas que buscan el rent-seeking que ya había planteado antes y que es de necesaria solución, porque un objetivo fundamental en cualquier régimen democrático es aumentar la responsabilización de los gobernantes (en lo que está implícito el rechazo al mandato imperativo), en ella, el cuarto poder jugará un papel fundamental, siendo un peligro actual la manipulación de las masas, cuando los medios de comunicación llegan a concentrarse bajo el férreo poder de unos pocos, convirtiéndose su influencia en determinante, y es que no deberán de ejercer una influencia y presión insoportable en el hombre público, puesto que éste tendrá que ser capaz de distinguir los intereses de corto plazo de sus electores de aquellos de mediano y largo plazo y ser fiel a estos, puesto que será fundamental para el progreso de la nación. Y al final, reformar el Estado para darle mayor gobernabilidad es hacerlo más democrático, es dotarlo de instituciones políticas que permitan una mejor intermediación de los intereses, siempre en conflicto de los diversos grupos sociales, de las diversas etnias cuando no nacionalidades de las diversas regiones del país, algo que en España tendremos que tener muy claro, para cohesionar social y estructuralmente nuestro país y hacerlo más fuerte ante los desafíos presentes y futuros, luchando contra la dinámica centrípeta del problemático Estado de las Autonomías, dejando a nuestro Gobierno Central con una capacidad demasiado mermada para conseguir la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.
Y gracias a todo esto, hoy el desarrollo económico y político alcanzado, hace que los regímenes democráticos sean mucho más estables que los regímenes autoritarios, puesto que la legitimidad por rendimientos se ha convertido en una de las piedras angulares de los sistemas actuales.
Quiero finalizar concluyendo respondiendo sucintamente a mis preguntas previas. Tenemos que reformar porque el Estado se ha colapsado ante el exceso de demandas del Estado del bienestar, reformaremos la estructura estatal (delimitando las funciones del Estado, reduciendo el grado de interferencia del Estado, aumentaremos la gobernancia del Estado y buscaremos el aumento de la gobernabilidad), y lo haremos (la forma en la que lo hagamos será fundamental para el aumento de la gobernabilidad) con políticas de participación ciudadana que incluirán desde los consejos de participación en los ayuntamientos a las amplias redes sociales con las que tendremos que contar entre otras medidas.
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